Cuando finalice septiembre, se espera que el sector público presente un déficit primario de $2.3 billones. Según estimaciones privadas, las medidas recientemente implementadas sumarán $2.4 billones y aumentarán el déficit en un 0.8%. Además, en el Congreso se debatirá la distribución de dos impuestos federales.
Esta semana marca un hito importante en el acuerdo renegociado con el Fondo Monetario Internacional durante un período de cuatro meses. A fines de septiembre, se implementarán las primeras metas modificadas como resultado de las negociaciones entre el Ministerio de Economía y el equipo técnico del organismo. El último paquete de medidas anunciadas después de las elecciones primarias ejercerá presión sobre el marco acordado con el FMI, especialmente en lo que respecta al déficit.
El 30 de septiembre, de acuerdo con la hoja de ruta establecida hasta fin de año entre el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario, se espera que el sector público demuestre que ha limitado el déficit primario, es decir, excluyendo los intereses de la deuda, a alrededor de los 2.3 billones de pesos. Dado que los datos oficiales tienen un retraso de aproximadamente tres semanas, la información más reciente disponible corresponde a fines de agosto.
Aunque los números actuales muestran que el límite de 2.33 billones casi se alcanzó en los primeros ocho meses del año, esto no necesariamente significa que la meta se incumplirá, ya que todavía existen algunas herramientas o posibilidades para lograrlo. Una de las opciones podría ser que el déficit de base caja, es decir, los pagos efectivos, no aumente lo suficiente como para superar la meta. También se podría considerar un aumento en la deuda flotante, que representa los gastos comprometidos pero aún no realizados.
En agosto, el Gobierno retomó una política de gasto público más restrictiva que había sido interrumpida en julio, el mes previo a las elecciones primarias. Durante el octavo mes del año, los gastos disminuyeron un 8.4% en términos reales, mientras que los ingresos aumentaron un 5.3%, según estimaciones de la consultora PxQ. En resumen, el Gobierno implementó recortes significativos en el gasto para evitar un déficit más alto, lo que se reflejó en la última cifra fiscal.
En cuanto a las áreas donde se llevaron a cabo reducciones presupuestarias:
En términos generales, la disminución real del gasto acumulado durante los primeros ocho meses del año se debió principalmente a los recortes en los subsidios energéticos y en el transporte. También se redujo la partida destinada a pensiones, lo que se atribuyó a la aceleración de la inflación en relación con la fórmula de ajuste jubilatorio. A pesar de la caída anual en el gasto primario, el Gobierno dio prioridad al gasto en infraestructura, como el Gasoducto (GPNK), y a la recuperación de los salarios públicos, según coincidieron los análisis de PxQ.
Este desempeño durante los primeros ocho meses del año deja al Gobierno con un margen mínimo para aumentar el déficit primario. La consultora Invecq informó que el déficit primario acumulado alcanzó los $2.252 millones, lo que deja un margen de $83.700 millones para cumplir con la meta acordada con el FMI para el tercer trimestre. Sin embargo, consideraron que esto será “difícil de lograr” dado que parte del gasto derivado de las medidas anunciadas desde las PASO comenzará a reflejarse, al menos en parte, durante el mes de septiembre.
En relación a los acontecimientos desde las elecciones primarias (PASO):
La consultora Equilibra señaló que, considerando todas las medidas anunciadas hasta ahora, se gastarán $2,4 billones adicionales, lo que representa un 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI) durante el resto del año 2023. De estos, $1,5 billones, equivalente al 0,8% del PBI, se contabilizarán como gastos en el presupuesto gubernamental y contribuirán a aumentar el déficit primario del gobierno nacional.
Esta consultora realizó un análisis detallado de estos costos fiscales y destacó que las dos medidas que más impactarán en las cuentas públicas serán el cambio en el Impuesto a las Ganancias, que representa un 0,19% del PBI, y la devolución del 21% por compras con tarjeta de débito, que equivale al 0,25% del PBI. Luego, se ubican en importancia el pago de una suma fija para empleados privados (donde el Estado asume parte de los costos en el caso de las empresas pequeñas), lo que representa el 0,1% del PBI, y un bono de refuerzo para jubilaciones, con un impacto similar en términos de porcentaje del PBI.
A pesar de que la meta de déficit primario está comprometida, el Gobierno todavía tiene margen para cumplir con otro objetivo fiscal acordado con el FMI, según los datos más recientes disponibles. Se trata de la meta de emisión monetaria para asistencia al Tesoro. Según la información recopilada por PxQ, en la última revisión del FMI, el organismo ajustó las metas monetarias para el tercer y cuarto trimestres. Según los datos hasta el 16 de septiembre, la emisión monetaria estaría superando la meta en $402.000 millones. Para cumplir con la meta en el cuarto trimestre, el Banco Central no deberá proporcionar más asistencia financiera al Tesoro durante el resto del año.
Las metas de acumulación de reservas son las más desafiantes, como ha sido común a lo largo del programa Extended Fund Facility (EFF) que comenzó en marzo del año pasado. Después de la renegociación de cuatro meses entre el Ministerio de Economía y el FMI, se redujo el objetivo de acumulación de divisas. Desde el mínimo de reservas negativas en agosto hasta diciembre, el Banco Central debe acumular USD 8.000 millones. De este total, USD 5.500 millones deberán ser alcanzados antes de fines de septiembre. Entre agosto y septiembre, la entidad monetaria logró acumular alrededor de USD 1.770 millones.
Los gobernadores han presentado una propuesta sobre la coparticipación fiscal, en respuesta a las medidas tomadas, como el cambio en el Impuesto a las Ganancias, que han afectado las finanzas de las provincias. Sergio Massa, en un anuncio realizado en Salta, comunicó que buscará establecer un mecanismo a través del Presupuesto 2024 para compartir una parte de los ingresos generados por dos impuestos con el fin de compensar las cuentas fiscales de las provincias. Estos impuestos son el impuesto al cheque y el Impuesto PAIS, que se aplica a las compras en moneda extranjera y a las importaciones de bienes y servicios. Durante el transcurso del año, ambos gravámenes han proporcionado ingresos al gobierno central por un total de 2,1 billones de pesos.
Los gobernadores presentaron su propuesta a Massa mediante una carta, en la que proponen un sistema que incluiría en la masa de recursos coparticipables un 25% de la recaudación del impuesto al cheque y un 35% de la recaudación del Impuesto PAIS. Según los datos proporcionados por la AFIP, hasta finales de agosto, la recaudación del impuesto al cheque alcanzó los 1,66 billones de pesos, lo que representa un aumento nominal del 114% en comparación con el mismo período del año anterior. El Impuesto PAIS, creado en febrero de 2020, generó ingresos por 530.000 millones de pesos entre enero y agosto, un aumento del 155% en comparación con el año anterior. Para ponerlo en perspectiva, en los primeros ocho meses del año, esta contribución fiscal fue apenas ligeramente inferior a la del Impuesto a los Bienes Personales, que es el principal tributo sobre el patrimonio.
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