Desafíos previsionales en Argentina: Impacto de la inflación y reformas propuestas.

Con una inflación anual del 211,4%, los jubilados y pensionados argentinos experimentan un deterioro significativo en el poder adquisitivo de sus haberes. Esta problemática se agrava para los 3,5 millones de beneficiarios que reciben la mínima, fijada en $105.712 el mes pasado, destacando la urgencia de la situación. Hasta septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidó 7.056.507 haberes, donde 5.417.890 fueron jubilaciones y 1.638.617 pensiones por aportes del cónyuge fallecido, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El presupuesto previsional del 2024, estimado en el 7,6% del PBI (equivalente a $26.870.960,9 millones), está en el foco de atención de la administración de Javier Milei, que busca reducir el déficit fiscal, proponiendo un ajuste del 0,4%, que podría situarse en el 7,2% del PBI.

El análisis de los haberes revela que el 86% de los 7 millones de beneficiarios recibe menos de $200.000, insuficientes para cubrir la canasta básica valuada en $313.185 en septiembre pasado, según la Defensoría de la Tercera Edad. Dentro de este grupo, casi 4 millones, aunque reciben ligeramente más que la mínima, no califican para el bono de $55.000 anunciado en enero por el ministro de Economía, Luis Caputo. Esta ayuda adicional, que se suma al bono de diciembre, está destinada a quienes perciben la mínima y proporciona una suma necesaria hasta alcanzar el tope de $160.712. Sin embargo, con una inflación estimada del 25%, la pérdida de valor de estos bonos es evidente, generando preocupaciones sobre la capacidad de mantener el poder adquisitivo.

Las ayudas discrecionales otorgadas por el Poder Ejecutivo, aunque pretenden aliviar la situación, contribuyen al achatamiento de la pirámide de haberes. Según Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política (CEPA), el congelamiento del monto del bono para enero, combinado con la inflación, reduce su valor efectivo. Además, la focalización de los bonos en las jubilaciones mínimas, sin considerar los haberes del resto, acentúa las distorsiones generadas por las subidas diferenciadas en 2020, cuando se suspendió la fórmula de movilidad vigente.

La cantidad de jubilados y pensionados en Argentina ha experimentado un crecimiento constante desde 2006, alcanzando 7.056.507 en septiembre de 2023. Este aumento se atribuye, en parte, a las moratorias implementadas desde 2003, permitiendo que aquellos sin los años de aportes requeridos accedan a una jubilación mediante planes de pago. Sin embargo, el 58% de los beneficiarios ingresó al sistema mediante planes de regularización de deuda, evidenciando un desafío financiero en medio de la alta informalidad laboral y la mayor longevidad de la población adulta.

El régimen previsional, compuesto por ocho regímenes especiales, abarca 288.596 jubilados y pensionados, representando el 4% del total. Entre ellos, los docentes no universitarios (177.438), Policías y servicios penitenciarios provinciales (48.241), y Luz y Fuerza (33.532) son los más numerosos. Estos regímenes, aunque otorgan beneficios similares al régimen general, presentan requisitos de edad y aportes diferentes, contribuyendo a la inequidad dentro del sistema.

El proyecto de Reforma del Estado, actualmente en debate, propone suspender la fórmula de movilidad jubilatoria y otorgar al Poder Ejecutivo la responsabilidad de fijar los incrementos de haberes por decreto, priorizando a beneficiarios de bajos ingresos. Esta medida genera resistencia y plantea preocupaciones sobre la garantía de que las jubilaciones superen la inflación. Aunque se reconoce la necesidad de mejorar los haberes, la delegación de poder al Poder Ejecutivo y la declaración de emergencia en seguridad social generan inquietudes sobre la dirección y la sostenibilidad del sistema previsional en Argentina.

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