El Senado da dictamen de mayoría al proyecto de devolución del IVA en productos de la canasta básica.

El proyecto de ley que busca establecer la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos de la canasta básica para sectores de menores ingresos y compras realizadas con tarjetas, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, ha obtenido el respaldo mayoritario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Mientras que el oficialista Frente de Todos respaldó la iniciativa, el interbloque de Juntos por el Cambio optó por no firmar el dictamen.

La ley, que entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2024, otorgaría facultades a la autoridad de aplicación para ampliar la lista de beneficiarios afectados por esta legislación.

El objetivo del proyecto es convertir la devolución del IVA en productos de la canasta básica en un instrumento permanente de política tributaria para los sectores de menores ingresos. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció su envío al Congreso con este propósito.

El programa “Compre sin IVA,” que comenzó a funcionar el 18 de septiembre con validez hasta fin de año, ha permitido la devolución del IVA en compras de consumo realizadas con tarjeta de débito a quienes no superen un ingreso equivalente a seis haberes mínimos. La ley buscará extender este beneficio a productos como alimentos, medicamentos, bebidas, carne, verduras, frutas, artículos de higiene y productos de limpieza.

La legislación se aplicaría a beneficiarios de jubilaciones, pensiones, asignaciones universales por hijo y embarazo, trabajadores en relación de dependencia, entre otros, siempre que sus ingresos mensuales no excedan ciertos límites. También incluirá compras realizadas con tarjetas emitidas por programas de inclusión socio-productiva y desarrollo local.

El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2 en cada mes.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda destacó que esta iniciativa forma parte de la política gubernamental para fortalecer los ingresos de los sectores más vulnerables y mitigar el impacto de la alta inflación en el poder adquisitivo.

Sin embargo, miembros de la oposición expresaron preocupaciones acerca del financiamiento del programa y cómo podría afectar la coparticipación de las provincias, citando ejemplos específicos como la pérdida de 26,000 millones de pesos de la provincia del Chaco. Estas preocupaciones giran en torno a la falta de fuentes de financiamiento claras y el impacto en la distribución de recursos a nivel provincial.