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La Red de Investigaciones en Derechos Humanos del Conicet lanzó este lunes la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA) 2023, que busca visibilizar la situación de las personas extranjeras que residen en el país, con el objetivo de contribuir a la protección integral de sus derechos, así como en el desarrollo de políticas públicas que atiendan las problemáticas que afectan a esta población.
Se trata de la segunda edición de la ENMA,una encuesta confidencial y anónima dirigida a personas extranjeras –a partir de los 18 años– que viven en el territorio argentino, cualquiera sea su condición migratoria: refugiadas, solicitantes de asilo, residentes permanentes, y con ciudadanía argentina por naturalización. Está disponible en cinco idiomas: español, inglés, chino, wólof y criollo haitiano.
La iniciativa aportará información actualizada, representativa y accesible sobre la migración internacional, desde un enfoque práctico de derechos humanos. “La población migrante suele encontrar obstáculos a la hora de acceder a sus derechos”, sostuvo en diálogo con Página/12 una de las coordinadoras generales de la Encuesta, Ana Paula Penchaszadeh.
Y precisó: “Las personas migrantes sufren situaciones de vulnerabilidad de manera más asidua que la población nacional. Nuestro objetivo es identificar esas brechas e incidir en el diseño de políticas públicas que garanticen que la población extranjera pueda acceder efectivamente a sus derechos”.
La ENMA es una herramienta construida colectivamente. Todas las etapas (diseño, implementación, análisis y difusión de resultados), incluye la participación de personas migrantes, organizaciones sociales, organismos internacionales, investigadores y universidades nacionales. Esta edición además cuenta con el apoyo del Programa Impactar, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
La encuesta se implementará a través de una modalidad mixta. Entre el 5 y el 30 de junio de 2023 estará disponible el cuestionario en formato digital. Desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, se desarrollará la recolección presencial de datos en todo el territorio argentino, a cargo de organizaciones sociales del campo migratorio.
Según los artículos 4 y 5 de la Ley 25.871/2004, “el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona”, y el Estado argentino debe garantizar que las personas extranjeras puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones.
“Argentina tiene una deuda pendiente en materia de derechos y adecuación normativa en el campo migratorio. Por citar un ejemplo, en pandemia se excluyó a las personas extranjeras del cobro del IFE, sin tener en cuenta que más de la mitad de esta población está precarizada”, cerró Penchaszadeh.
De acuerdo a la primera ENMA, realizada en 2020, que recolectó 3114 respuestas de personas migrantes en todo el país, el 70 por ciento tiene más de 10 años de residencia. El 55 por ciento indicó haber migrado por no poder cubrir sus necesidades básicas en su país de origen, mientras que el 43 por ciento manifestó querer permanecer en Argentina.
En cuanto a sus características sociodemográficas, se reveló que el 53 por ciento de la población migrante está compuesta por mujeres, y el 2 por ciento por personas del colectivo LGBTIQ+. La franja etaria más joven (entre 18 y 34 años) representa el 27 por ciento, con Haití, Ecuador y Colombia ocupando los primeros lugares. El 71 por ciento completó el secundario y más del 20 por ciento tiene título universitario.
Si bien la Encuesta mostró que 9 de cada 10 migrantes residentes en Argentina se encuentran en una situación documentaria favorable, el acceso a la regularización migratoria y al DNI se dificulta durante los primeros años, sobre todo para los colectivos haitiano y senegalés.
“La mayoría de la población migrante (70 por ciento) son madres o padres, sus hijes mayormente nacieron en territorio argentino y asisten principalmente a instituciones educativas públicas”, reveló el informe. Aunque el 20 por ciento de las personas encuestadas admitió que tuvo inconvenientes para acceder a una matrícula.
El 37 por ciento señaló que su situación laboral es inestable, aspecto que se ve incidido directamente por las variables de situación documentaria y de género. El 51 por ciento de la actividad laboral realizada por personas extranjeras no está registrada. Y el 67 por ciento indicó no percibir ninguna ayuda social, ni del Estado argentino ni de organismos internacionales.
El 65 por ciento de las personas encuestadas reportó haber sufrido, al menos una vez, algún tipo de discriminación a causa de su condición de migrante o por su aspecto físico: en la calle (37 por ciento), seguido por los medios de comunicación (29 por ciento) y el trabajo (29 por ciento). También en oficinas estatales (26 por ciento) y en grupos sociales (24 por ciento).
Finalmente, las mujeres migrantes de entre 18 a 34 años afirmaron haber sido víctimas de violencia de género (38 por ciento), mientras que en mujeres de más de 55 años la cifra alcanzó el 22 por ciento.
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