CIUDAD DE GUATEMALA: El candidato sorprendente y favorito inesperado, Bernardo Arévalo, quien se comprometió a luchar contra la corrupción, ha ganado la presidencia de Guatemala con el 95% de las mesas de votación contabilizadas, de acuerdo con el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La presidenta del TSE, Irma Palencia, anunció que Arévalo, un diplomático de carrera de 64 años, ha logrado el 59% de los votos frente al 36% de su oponente, la ex primera dama Sandra Torres, quien es vista como representante del establecimiento. Estos resultados marcan el inicio de una nueva era en el país centroamericano después de años de acusaciones generalizadas de corrupción y autoritarismo.
La victoria del candidato de izquierda genera preocupación entre los políticos que han disfrutado de impunidad, así como entre algunos miembros de la élite y sus aliados en la corrupción y el crimen organizado.
Arévalo y Torres presentaban visiones diferentes de lo que la sociedad guatemalteca necesita. Arévalo prometía combatir la corrupción y la impunidad que plagaban el país, mientras que Torres, de 67 años, se basaba en valores conservadores y religiosos, además de ofrecer asistencia social y reducción en los precios de los productos básicos.
Es poco probable que estos números signifiquen el final del proceso electoral, ya que en la primera ronda de votación de junio, se requirieron más de dos semanas para certificar los resultados oficiales. Los partidos perdedores solicitaron intervención judicial y una segunda revisión del recuento de votos. Cuando finalmente las autoridades electorales estuvieron listas para certificar a los dos candidatos con más votos para la segunda vuelta, la Fiscalía General inició una investigación sobre las firmas que el Movimiento Semilla había recopilado para registrarse como partido político. Esta investigación continúa y parece que los fiscales están avanzando para revocar el reconocimiento del partido de Arévalo.
Durante la última década, Guatemala ha descendido en el ranking de percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional, alcanzando su calificación más baja el año pasado y situándose en el puesto 150 de 180 países.
El próximo presidente de Guatemala asumirá el cargo a principios de 2024 en un momento en que la violencia y el alto costo de vida afectan al país, convirtiéndolo en el principal origen de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Más de 1.3 millones de guatemaltecos, la mitad de ellos en situación irregular, se estima que residen en Estados Unidos, un 44% más que hace una década.
“Voté por Arévalo porque es la única opción que tenemos; votar por Sandra es votar por lo mismo”, opinó Roberto Álvarez, un contador de 74 años, tras votar en un colegio de la capital. “Arévalo no puede cambiar mucho debido a que la corrupción existe desde la época colonial y no se puede cambiar en cuatro años, pero puede comenzar a generar un cambio y establecer las bases”, agregó.
Hijo del exmandatario Juan José Arévalo (1945-1951), el nuevo presidente electo atrajo simpatías con sus promesas de erradicar la corrupción, incrementar la cantidad de policías, mejorar la generación de empleo y combatir el cambio climático. Sin embargo, es visto con recelo por la élite política y empresarial que dirige el país, y que ha sido acusada de corrupción.
Su sorprendente segundo lugar en la primera vuelta de junio desencadenó llamados de oposición para recuentos que retrasaron los resultados oficiales. El partido de Arévalo fue suspendido brevemente a petición de un fiscal, pero luego la corte suprema del país revocó esta decisión.
El Movimiento Semilla, partido de Arévalo, denunció presuntas irregularidades durante la jornada electoral y presentó una denuncia penal por supuesta compra de votos por parte del partido de Torres, UNE, a cambio de víveres. Según representantes de Semilla, las personas detenidas en flagrancia están bajo custodia policial.
El presidente saliente, Alejandro Giammattei, prometió garantizar una votación pacífica y una transición ordenada del poder. La elección está siendo observada de cerca por la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, que han instado a respetar las reglas democráticas.
A pesar de esto, muchos guatemaltecos siguen siendo escépticos, ya que en años recientes el gobierno expulsó a investigadores de una misión contra la impunidad respaldada por la ONU y atacó a jueces y activistas anticorrupción, muchos de los cuales se exiliaron. El fiscal general que solicitó la suspensión del Movimiento Semilla había sido incluido previamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su Lista Engel de “actores corruptos y antidemocráticos”.
En este contexto, una magistrada del TSE, Blanca Alfaro, manifestó que considera renunciar la próxima semana luego de haber recibido amenazas de muerte en su teléfono móvil.
El sucesor de Giammattei tendrá que lidiar con un Congreso fragmentado, al igual que en la actualidad, donde ninguna fuerza tiene una mayoría abrumadora. El Movimiento Semilla cuenta con 23 de 160 escaños, mientras que el partido de Giammattei es la principal fuerza política con 39 curules, seguido de la UNE, el partido de Torres, con 28 asientos.
El presidente electo deberá asumir el cargo el 14 de enero, aunque los expertos han advertido que los meses posteriores a las elecciones podrían estar marcados por la incertidumbre en cuanto a los resultados.
“Si bien el gobierno ha mostrado apertura, el Ministerio Público no lo ha hecho. El riesgo es la criminalización y judicialización del proceso electoral”, opinó Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la organización de investigación WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos). “Existe el riesgo de un quiebre democrático severo si no se respeta la voluntad popular”, agregó.
Un abogado de Semilla, Juan Guerrero, indicó a Reuters que el partido espera que el Ministerio Público inicie más “casos falsos” contra ellos tan pronto como el lunes.
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