Las líneas de colectivos que ya instalaron cámaras de seguridad piden más controles sobre las que no lo hicieron

Un grupo de empresas presentó una denuncia para que se sancione a las firmas que recibieron los subsidios correspondientes por parte del gobierno bonaerense, pero no cumplieron con la norma de seguridad

A partir de la polémica por la muerte de un chofer en el partido de La Matanza, se volvió a debatir la ley aprobada por la Legislatura bonaerense que obligó a las empresas de colectivos a instalar cámaras de seguridad en sus unidades, algunas de las cuales, de hecho, cumplieron con la medida e incluso reclamaron contra aquellas compañías que no lo hicieron.

La normativa en cuestión entró en vigencia en el 2021 y su control está a cargo del Ente Regulador de la Verificación Técnica Vehicular, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Sergio Berni.

Siguiendo con los lineamientos del programa, desde octubre de aquel año el Poder Ejecutivo de la provincia les entregó a las firmas de transporte un monto en concepto de subsidio para que puedan afrontar los gastos que demandaban la incorporación de esta tecnología, destinada a desalentar los episodios delictivos en los colectivos.

A través de una denuncia que presentaron en noviembre del 2022, varias compañías denunciaron que, mientras ellas habían cumplido con el equipamiento de estos aparatos, otras firmas aún no lo habían hecho, a pesar de haber recibido el dinero correspondiente.

La presentación judicial, está firmada por los presidentes de las empresas General Tomás Guido S.A.C.I.F, que opera las líneas 9, 25, 84, 164, 271, 299, 373, 384 y 570; San Vicente S.A. de Transportes, que tiene la concesión de las 51, 74, 79, 177, 263, 370, 385, 388, 403, 435 y 503; Micro Ómnibus Avenida S.A., al frente de las 405 y 520; Transportes Atlántida S.A.C., que maneja las 57, 410 y 429; Compañía La Paz Amador Moure S.A.C.I.F.I.Y.A., que tiene la 277, y Autobuses Buenos Aires S.R.L., que cuenta con las líneas 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553.

Estas firmas aseguraron en esa denuncia que, desde que se aprobó la ley hasta esa fecha, sobre un total de 671 unidades que hacen recorridos provinciales y municipales, ya habían instalado 503 cámaras de video, con todos sus accesorios y equipamiento, que se encontraban en pleno funcionamiento.

Asimismo, señalaron que tenían órdenes de compra por las restantes 168, cuya entrega estaba demorada por parte de los proveedores.

Estos aparatos, según las compañías, les permiten capturar imágenes y sonido de lo que sucede a bordo y en el frente del colectivo, además de proporcionar un posicionamiento mediante un GPS integrado. Toda esa información queda almacenada en la tarjeta de memoria de los dispositivos y se puede descargar mediante un módulo Wi-Fi/3G/4G, o transmitir gracias a un chip de una empresa de telefonía.

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Además, los choferes cuentan con un botón de pánico que “está previsto para que el chofer indique, de manera prioritaria, que su unidad requiere atención excepcional”, y un monitor de 7 pulgadas con el que puede realizar interacciones con el Sistema Central, como enviar mensajes.

“Sin embargo, es de público y notorio, dentro del sector, que la gran mayoría de las empresas provinciales y municipales de la provincia de Buenos Aires incumplen la normativa, no han instalado las videocámaras y sus accesorios, y se limitan a suscribir una declaración jurada para cumplir con la formalidad, al momento de dar de alta las unidades, sin que dicha manifestación sea corroborada por autoridad de fiscalización alguna. O sea que hay empresas que han recibido los fondos públicos para adquirir el equipamiento, en el que se ve involucrada la seguridad de los conductores y de los pasajeros, y no lo han destinado para aquello que hubiere correspondido”, denunciaron las mencionadas compañías.

Ante esta situación, le solicitaron al Ministerio de Seguridad bonaerense que aplique las sanciones previstas para estos casos y que haya una “definición política de si exige el cumplimiento efectivo de la norma o directamente deroga su imposición”.

“Pues quienes hemos invertido para cumplir con la normativa nos sentimos unos verdaderos ‘ingenuos’ por decirlo de una manera delicada, mientras otras empresas le habrán dado a los fondos recibidos un destino diferente”, agregaron.