“La Corte falló favoreciendo a los responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia”

La referente de los Derechos Humanos hizo un repaso del marcado cambio enfoque de la Corte Suprema: de la anulación de los decretos de Punto Final y Obediencia Debida al fallo “Muiña”, de la actual composición del máximo tribunal, que le abrió “la puerta de la libertad a los genocidas”, según comentó Carlotto.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, prestó su testimonio este martes ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que investiga a la Corte Suprema y aseguró que el fallo “Muiña” que firmaron Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz junto con la exjueza Elena Highton de Nolasco en 2017 representó un golpe demoledor para quienes llevan más de 45 años buscando verdad y justicia, ya que los magistrados “fallaron favoreciendo a los responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia”. Carlotto comenzó su testimonio con un breve repaso sobre la formación de Abuelas de Plaza de Mayo y sobre el recorrido que debieron hacer sus integrantes para exigir justicia. A partir de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, recordó, “vimos cómo en todo el país empezaron a juzgarse a los responsables de los crímenes de la dictadura por sus jueces naturales y con todas las garantías del debido proceso” y, añadió: “pese a que en este proceso de juzgamiento hubo falencias, dificultades y obviamente sentencias con las que no estuvimos de acuerdo, ya no dudamos del compromiso de los tres poderes del Estado para la consecución de la Verdad y de la Justicia”.Sin embargo, “las cosas comenzaron a cambiar a fines de 2015”, con “la escandalosa irrupción de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al Tribunal Supremo a través del decreto 83/15 firmado por el entonces presidente, Mauricio Macri”, advirtió. Ese “vicio de origen de desprecio institucional”, lamentó De Carlotto, “parece haber sido una marca indeleble que se fue reproduciendo en decisiones de la Corte buscando horadar el consagrado proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.Como primer indicio de “lo que iba a suceder después”, de Carlotto mencionó el fallo “Fontevecchia”, de febrero de 2017. “En aquel caso la Corte determinó que no estaba obligada convencionalmente a acatar las sentencias contenciosas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contraviniendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino, y su propia jurisprudencia”, señaló. 

Luego, en abril de 2017, llegó el fallo “Alespeiti”, por el cual se le concedió la prisión domiciliaria al ex militar Felipe Jorge Alespeiti, quien ya había sido condenado a 22 años de prisión. Dos semanas después, el 3 de mayo de 2017, tuvo lugar “ese intento de golpe a la lucha de víctimas, familiares y organismo de derechos humanos: el fallo Muiña”, repasó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.”Todos recordamos lo que significaba ese fallo, abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas, a los pocos que estaban en cárceles comunes como a aquellos que gozaban de la prisión domiciliaria”, sostuvo De Carlotto, al tiempo que señaló el “cinismo” por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton ya que entre otros argumentos mencionaron el “retraso en la tramitación de las causas, ya sea de los juicios en curso como de las instancias recursivas pendientes en todas las instancias judiciales de las cuales la propia Corte es cúspide”.

En el fallo “Muiña”, con la aplicación de la ley 2×1, “esbozaron un estándar general y de esta manera los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Highton fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia, a sabiendas que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaban lo contrario”, remarcó de Carlotto, quien concluyó su testimonio denunciando la “lentitud en la tramitación de las causas que ya tienen sentencia pero que no aún esperan la confirmación de la Corte para adquirir firmeza” y la inactividad de la Comisión Interpoderes, entre otras irregularidades.La declaración completaSres Diputados, Sras Diputadas: vengo en nombre de las Abuelas de Plaza de Mayo ante la convocatoria de esta comisión de juicio político para testimoniar en este proceso de responsabilidad funcional.

Como muchos de ustedes sabrán, las Abuelas venimos recorriendo Tribunales desde antes de nuestra creación como institución. Primero cada una de nosotras en soledad ante la desaparición del hijo, de la hija, y con ello la incertidumbre de qué habría pasado con nuestros nietos y nietas.

Luego la historia es más conocida y las Abuelas se juntaron, yo llegué poquitos meses después, y empezamos a ir juntas a asesorías de menores, juzgados federales y de provincia, distintos tribunales buscando a nuestros nietos y convencidas de que la lucha debía ser colectiva.

Nuestra recorrida por los tribunales comenzó en dictadura y continuó obviamente en democracia, hasta nuestros días. Sin embargo, pese a lo auspicioso y esperanzador que fue el inicio del gobierno del Dr. Alfonsín y el Juicio a las Juntas, la sanción de las leyes de impunidad y su convalidación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (a excepción del ministro Bacqué) fueron un duro golpe para las víctimas y los familiares. Luego, en 2017, con el fallo “Muiña” volveríamos a experimentar esa sensación…

Aún en esos momentos de impunidad seguimos acudiendo al Poder Judicial para poder encontrar a nuestros nietos, y nos encontramos con decisiones adversas pero que supimos respetar institucionalmente; convencidas de la verdad de nuestros reclamos fuimos a instancias internacionales que nos acompañaron. Y a partir de ser oídas en el exterior pudimos construir nuevamente en nuestro país el camino de justicia para nuestros desaparecidos. Primero con los Juicios por la Verdad, a fines de la década del ’90 y luego con decisiones judiciales que rompieron la impunidad y permitieron volver a enjuiciar a los responsables de los crímenes de la dictadura.En 2004 la Corte con el fallo “Arancibia Clavel” nos dio una luz de esperanza que se terminó cristalizando en el año 2005 con el fallo que finalmente anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

líneas más arriba en mayo de 2020, las Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS solicitamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad (creada en diciembre de 2015) la puesta en funcionamiento de la “Comisión Interpoderes” para delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19.De ese pedido no se obtuvo respuesta hasta que el ministro Rosenkrantz en ejercicio de la presidencia de la Corte la convocó en octubre de 2020 en el medio de un conflicto político con el gobierno. Sabiendo que la reunión convocada no era más que una puesta en escena y una reacción del Juez ante su disputa con el gobierno, desde Abuelas decidimos no asistir a dicha reunión. Tan cierta fue nuestra sospecha acerca de esa convocatoria que luego de esa reunión, no hubo ninguna consecuencia, medida o acción concreta, y Rosenkrantz no volvió a convocarla. El actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti al día de hoy, tampoco lo ha hecho.