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Los líderes sociales pertenecientes a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a movimientos como el Evita, Somos/Barrios de Pie, la CCC y el MTE, observan con desconfianza los resultados de la reciente reunión entre un grupo de gobernadores de la UCR, el PRO y el peronismo no kirchnerista con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación. Esta reunión abordó las negociaciones en torno a la Ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus), específicamente en relación con la coparticipación del Impuesto PAÍS.
Los gobernadores solicitaron al ministro que el Poder Ejecutivo acceda a coparticipar el 30% de dicho tributo destinado a la compra de divisas. Hasta el momento, este porcentaje se asignaba a obras y desarrollos en las provincias, gestionado a través del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Este organismo estaba anteriormente a cargo de los piqueteros oficialistas, dirigido por Fernanda Miño, ex secretaria de Integración Socio Urbana y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), vinculado al Ministerio de Desarrollo Social, que Javier Milei transformó en Secretaría de Niñez y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
En un decreto anterior, Alberto Fernández benefició directamente a las cooperativas de trabajo de movimientos sociales, asignándoles el 30% de la Obra Pública Nacional. Sin embargo, la propuesta actual del Poder Ejecutivo, que retiró temporalmente el capítulo fiscal, afectaría el financiamiento de obras públicas en zonas urbanas, desviándose del Fondo de Integración Socio Urbana que se alimentaba del impuesto PAÍS.
La Ley 27.541, aún vigente, destina el 30% de los ingresos obtenidos de este impuesto a la construcción de obras de vivienda social. Los gobernadores expresaron su intención de tomar el control de este 30%, sin alterar su destino para obras sociales. Los líderes sociales temen que esto afecte los beneficios otorgados por la administración anterior. El presidente, Javier Milei, afirmó en la reunión de gabinete que “el impuesto PAÍS no se negocia”.
El Gobierno asegura que la discusión sobre el Impuesto PAÍS y el resto del paquete fiscal se realizará en una etapa posterior. La UTEP permanece en estado de alerta, siguiendo de cerca las negociaciones del Gobierno con los gobernadores del PRO y la UCR. Estos líderes sociales sostienen que no pueden retroceder en los derechos ganados, ya que la urbanización de los barrios más postergados es esencial para revertir la exclusión estructural. Muestran preocupación por las posibles consecuencias negativas de no llevar a cabo obras en estas áreas vulnerables, especialmente en un contexto de creciente narcotráfico. Los integrantes de la UTEP también denuncian la falta de envío de alimentos a comedores y merenderos desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
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