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Cynthia Hotton, flamante presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, anunció hace unos días la firma de un acuerdo entre ese organismo y el Ministerio de Salud de la Ciudad para que en todos los hospitales públicos porteños se difunda cartelería de un “0800 VIDA”. El teléfono es atendido por la “Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable”, integrada por “400 instituciones voluntarias” de todo el país “comprometidas con la defensa de las dos vidas”, según se explica en 0800vida.com.ar. Por si quedaran dudas acerca de la línea de trabajo que proponen con esta política pública tercerizada en organizaciones antiderechos, la cartelería es de color celeste. Organizaciones de la sociedad civil repudiaron la medida. “Preocupa profundamente que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere delegar en organizaciones confesionales y religiosas la ejecución de políticas públicas diseñadas para resguardar el derecho a la salud de las mujeres y personas que deseen gestar”, planteó Amnistía Internacional.
El convenio fue anunciado por Twitter, junto a video en que se la ve a Hotton posando con un afiche en sus manos que promueve la línea para las mujeres que “atraviesan un embarazo inesperado”, “en función de dar cumplimiento a la ley 27611 para la atención integral del embarazo y de la primera infancia conocida como Ley de los 1000 días”. La acompañaba el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Unos días atrás, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli se mostraron junto a Hotton y mil pastores evangélicos en Parque Norte, en la presentación de “la agenda social para ransformar nuestra Nación” del organismo que preside Hotton, donde también se destacó el 0800.
Según la web de la Red, la línea telefónica busca asistir a mujeres con “embarazos inesperados” porque “el 85% de las mujeres que tienen un embarazo inesperado al recibir acompañamiento y contención deciden continuar con su embarazo”. Entre los servicios que ofrece se encuentran: “acompañamiento social y emocional”; “asesoramiento médico y legal” y “contención psicológica y espiritual”.
Desde la Campaña por el acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuestionaron la política. “Es una organización privada de personas que vienen siendo anti derechos. Están en contra de la ESI, de la libertad de elegir sobre tu cuerpo, de las leyes de diversidad. Son las mismas personas y organizaciones. Resulta una propuesta electoral concreta. No nos parece casual que hayan sumado a Hotton el año previo a al año electoral al gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, dijo Renata Vismara, de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto de la Campaña por el acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Además, agregó, “no está muy claro lo que hará la línea. En la Ciudad de Buenos Aires no solo está la implementación de la IVE, la ley de los 1000 días también está implementada. En los Cesac (Centros de Salud y Acción Comunitaria) hay asesoramiento para quienes necesiten acompañar un embarazo”.
Esta política pública remite a otra que se intentó imponer a nivel nacional en 2019, cuando Cambiemos era gobierno. Se trataba de una línea 0800 que también hablaba de asistencia a mujeres con “embarazos inesperados”.
Fue una iniciativa impulsada principalmente por una red de iglesias evangélicas de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), entre las que se encontrabaGravida, la organización denunciada a comienzos de este año por secuestrar a una niña que había solicitado una interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Santa Fe. Aquella vez se materializaba a través de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Carolina Stanley, y la titular de la Fundación Vida en Familia, Evelyn Rodríguez, por el cual se transfería a la Fundación 1.300,000 mil pesos. La iniciativa logró ser desarticulada a partir de la movilización de organizaciones feministas.
“Esto es casi lo mismo. No hay claridad porque no es público el convenio. Entendemos que tiene que ver con lo que no pudieron hacer en su momento porque estábamos todas organizadas en la calle, la marea verde estaba en alza”, dijo a Página/12 Vismara. Explicó, además, que pidieron el convenio al ejecutivo porteño y no obtuvieron respuesta. Lo mismo le pasó a este diario y hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta del Ministerio de Salud porteño.
Evelyn Rodríguez hoy es responsable de la Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable a través de la Fundación Vida en Familia. Esta vez se insiste con la misma política a través de una Cynthia Hotton ya instalada en el ejecutivo porteño. La exdiputada es titular del partido conservador “Valores para mi País”, y referente de los pañuelos celestes. Se opuso desde un primer momento a la Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE). Desde diciembre y por un acuerdo político con Horacio Rodríguez Larreta de cara a las elecciones de este año, logró ubicarse en la presidencia del Consejo Social. Entre sus objetivos este organismo tiene que trabajar en el “fortalecimiento de valores”.
El vericueto legal que encontraron para hacer posible el 0800 VIDA es a través del artículo 28 de la “Ley de los 1000 días”, que se votó en paralelo con la Ley IVE y que dice que “la autoridad de aplicación deberá incorporar en las líneas gratuitas de atención telefónica ya existentes, en forma articulada con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a través de los organismos gubernamentales pertinentes, la atención de mujeres y personas gestantes y sus familiares a fin de brindar información adecuada acorde a la etapa de gestación o crianza correspondiente”.
“La Ley de los 1000 días es una medida sumamente relevante que tiene como objetivo proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas que desean gestar y las niñas y los niños en sus primeros 3 años; es obligación del Estado asegurar políticas públicas que respeten el marco normativo vigente y los compromisos asumidos en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como una rendición de cuentas activa, transparente y oportuna. Cualquier propuesta que pudiera implicar la intención de desinformar o someter a las personas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas, incurriría en una clara vulneración a la autonomía de la voluntad”, dijo a este diario Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Los afiches traen nuevamente la disputa a través de los colores y la apropiación de la palabra “vida”. “Es una discusión distópica. Está claro lo que es la ley y lo que corresponde y cómo se tiene que implementar”, dijo Vismara. Por otro lado, planteó que “no sorprende porque la tercerización viene siendo la línea que mantiene el gobierno de la ciudad y la no intervención en ESI y el poco presupuesto en lo que tiene que ver con políticas para las niñeces y las infancias”. “Nos llamó la atención estando 0800 Salud, que es la línea nacional en la que cualquiera se puede comunicar y tiene la información disponible, para atender y acompañar a cualquier persona que lo necesite, no solo para la interrupción del embarazo sino también para asesoramiento para anticoncepción, entre otras cosas”, agregó.
Desde la Campaña analizan qué medidas tomar. “Queremos charlar con quienes están en los territorios porque, además, es una realidad que un turno en un Cesac para una ginecóloga tiene una demora de 3 a 6 meses, así que hay toda una demora con el acceso a la salud. Y si necesitás el acompañamiento psicológico para alguna situación, no te lo pueden garantizar en el año”, advierte Vismara. Amnistía Internacional ya presentó un pedido de información pública para aclarar la medida anunciada.
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