El asesinato del colectivero Daniel Barrientos volvió a poner en escena un reclamo que ya lleva varios años: la instalación de cámaras en el interior de los colectivos. La obligación de incorporar estos dispositivos, en provincia de Buenos Aires, fue establecida en 2018 mediante un decreto reglamentario de la Ley 14.897 que ordenó “a las empresas del transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal”, en un plazo máximo de 180 días, a “contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo”. A 5 años de ese decreto, sin embargo, son pocas las empresas que concretaron la medida.
En un descargo reciente, fechado en marzo de 2023, las compañías del sector ensayaron ante el Ministerio de Transporte bonaerense una suerte de defensa en la que argumentan que la seguridad pública no está dentro de sus competencias. En el escrito, también reconocen haber recibido fondos por parte del gobierno bonaerense para la instalación de cámaras pero admiten que ese dinero fue utilizado para otros fines, entre ellos el pago de salarios, gastos operativos y la renovación de material rodante.
En el documento, entregado el 14 de marzo de 2023 al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, las empresas responden a una intimación por parte de la cartera emitida el 4 de enero pasado para que se incorporen equipos de monitoreo en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un período de tiempo determinado.
La respuesta de las empresas, según consta en el descargo, es que entre las prestaciones de las compañías de colectivos “en ningún momento se contempla la gestión de la Seguridad Pública, que corresponde al ámbito de los órganos de las administraciones municipales y la provincial especializados en la materia”.
“Por ende, esta imposición carece de sustento normativo, deviniendo en una exigencia irrazonable, carente de antecedente de derecho, no existiendo competencia para este tipo de imposición. Se está regulando un tema de ‘SEGURIDAD’ en un ámbito y normativa de ‘SERVICIO PÚBLICO‘”, insisten las cámaras empresarias.
En el descargo, las empresas de transporte también responden sobre los fondos que el gobierno aportó para la instalación de cámaras, ya que tal como explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, el dinero fue recibido por las compañías.
“El gobernador Kicillof ya entregó 2.500 millones de pesos a través de subsidios para seguridad. Y eran para colocar las cámaras de las cuales estamos hablando. La plata estuvo, las cámaras… algunas se pusieron, pero no tienen los chips para transmitir en manera directa”, dijo este lunes Berni, en referencia a los $986.644.204 previstos para vehículos municipales y los $1.472.750.004 para vehículos provinciales.
“Más allá de que nominalmente las cámaras de seguridad han sido incorporadas a la estructura de costos oficial”, señalan las compañías en el descargo, reconociendo que recibieron los fondos, “el dinero que las empresas reciben en este y otros conceptos no pueden ser destinados enteramente a la instalación de cámaras de seguridad por cuanto son orientados al cumplimiento de las obligaciones salariales y fiscales; de gastos operativos como gasoil, neumáticos y repuestos; y a la exigua renovación de material rodante para posibilitar la continuidad de los servicios en las mejores condiciones de seguridad y regularidad posibles”.
Este lunes por la tarde, a partir del asesinato Daniel Barrientos y del paro de colectiveros que se solidarizaron con su colega, representantes del gobierno bonaerense se reunieron con dirigentes de la UTA y acordaron la creación de una comisión de seguimiento para poner en marcha las cámaras en los colectivos.
La reunión se concretó entre el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, a la que se sumó Sergio Berni, cuando fue dado de alta del hospital Churruca por las lesiones sufridas en una de las marchas que se organizaron para repudiar la muerte de Barrientos y exigir medidas de seguridad en los colectivos.
Los registros de control determinan que a la fecha, solo el 30 por ciento de las unidades cuenta con cámara de video-seguridad. “Por eso, nos hemos comprometido, lo ha pedido el gobernador, a que con el gremio, con la UTA, formalicemos una comisión de seguimiento para poder poner en marcha la gran mayoría de cámaras ya instaladas”, dijo D’Onofrio.
A la par, se buscará hacer efectiva la intimación a las empresas –cursada el 4 de enero– para que se coloquen los dispositivos que faltan.
“La idea es que muy pronto estén en funcionamiento, con un centro de monitoreo en tiempo real, y con toda la tecnología que podamos tener”, completó el ministro de Transporte.
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