La Dirección de Investigaciones Administrativas ha solicitado rastrear los contratos cuestionables entre el Gobierno y la OEI

El fiscal Sergio Rodríguez ha requerido reportes a una serie de dependencias, lideradas por la Jefatura de Gabinete, para examinar los expedientes administrativos de los contratos sospechosos y sus motivos.

Mientras tanto, el fiscal federal Ramiro González solicitó informes a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el contexto de la investigación sobre la contratación de personal en el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) decidió avanzar en la recopilación de documentación de aproximadamente 15 organismos públicos que también habrían celebrado ese tipo de acuerdos.

Según confirmaron a Cadena Uno fuentes judiciales, la fiscalía a cargo de Sergio Rodríguez solicitó datos a diversas dependencias: no solo al Ministerio de Capital Humano, donde surgieron las sospechas denunciadas por la propia subsecretaria legal de esa cartera, Leila Gianni. También se pidieron informes a la Jefatura de Gabinete, al Consejo Asesor de la Jefatura, al área de Obras Públicas, Cultura, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Ciencia, al Ministerio de Educación, a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, a la ANSES, al SEDRONAR, a la Agencia de Acceso a la Información Pública, al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Según las fuentes consultadas por Cadena Uno, la mayoría de los organismos ya han remitido gran parte de la documentación solicitada, por lo que ahora se procederá a analizarla.

La investigación se centra en los contratos firmados, los convenios que los hicieron posibles, los detalles económicos de estos acuerdos y sus justificaciones. La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) está enfocada en analizar los expedientes administrativos que dieron origen a estos acuerdos. También se examinarán los sumarios y sanciones impulsados por el Ministerio de Capital Humano antes de denunciar esos convenios cuestionables, cuando estalló el escándalo por los alimentos almacenados en galpones y se produjo la salida del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre. Según declaró Leila Gianni, a fines de mayo un funcionario de la Secretaría llamado Federico Fernández se presentó a informar que en una reunión de enero, un grupo de otros funcionarios había decidido contratar personal a través de la OEI. Fernández explicó que el dinero cobrado se pasaba a dólares y que parte de esos fondos iban destinados a Pablo De la Torre. La sospecha es que había contrataciones ficticias para cobrar ese dinero.

Gianni relató que Fernández les contó que había muchas personas que, por cuestiones impositivas, no podían facturar directamente. Entonces buscaron a otros que facturaran en su nombre. De este modo, la OEI les transfería a esos consultores, previa certificación de servicios por parte de funcionarios de la Secretaría de Niñez. Los consultores cobraban en pesos, retiraban el dinero y lo cambiaban a dólares para reducir el volumen de billetes a entregar. Posteriormente, este dinero en dólares se le entregaba a algunos funcionarios, quienes lo distribuían, destinando una parte a Pablo De la Torre.

Luego del sorteo que asignó la denuncia al juez Ariel Lijo, el fiscal González impulsó la causa. En su dictamen, el fiscal señaló que “el objeto procesal de este caso se centrará en investigar las distintas contrataciones realizadas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las Secretarías dependientes de esa cartera, con el fin de establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y, en consecuencia, determinar la identidad de cada una de las personas que participaron en esa maniobra”.

Además, el fiscal firmó un dictamen en el que le solicitó a la OEI, a través de su director Luis María Scasso, que “arbitre los medios necesarios para remitir” la copia certificada del Convenio Marco suscrito entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación y la Organización que representa; así como, la totalidad de las actas complementarias firmadas entre ambos, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha, con indicación de los montos asignados en cada caso.

Asimismo, el fiscal reclamó “las actas complementarias suscritas entre la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y la O.E.I., desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha y toda aquella documentación relacionada con ello, a saber: las solicitudes de contrataciones efectuadas por la Secretaría; los datos personales de los consultores que fueron contratados bajo esa modalidad y los instrumentos respaldatorios con indicación de montos, fechas y tareas asignadas; así como, las certificaciones de servicio que le permitieron a los consultores cobrar sus honorarios”.

Además, el Ministerio Público solicitó “un listado que contenga la totalidad de empleados y funcionarios que el Ministerio de Capital Humano les indicó contratar desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la actualidad, detallando la fecha de alta y, en su caso, de baja, el modo de contratación y las tareas asignadas”. El fiscal quiere saber también “el monto total de las erogaciones que realizó la Organización de Estados Iberoamericanos como consecuencia del Convenio Marco, incluyendo las actas complementarias celebradas con las distintas Secretarías y el propio Ministerio de Capital Humano de la Nación”.

Asimismo, se pidió “todo dato relacionado con el responsable del Área pertinente de la O.E.I. que intervino en el proceso y posterior contratación de los empleados y funcionarios del Ministerio de Capital Humano, con el fin de que, oportunamente y en caso de ser necesario, sea citado a prestar declaración testimonial”.