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La elección general de octubre en la ciudad de Buenos Aires está rodeada de incertidumbre debido a la decisión de la jueza electoral nacional, María Servini de Cubría, de modificar el formato de votación. Esta determinación plantea interrogantes sobre el proceso de votación en el distrito y su vínculo con las decisiones políticas. La jueza expresó fuertes críticas hacia los problemas ocurridos con la urna electrónica y cuestionó duramente a las autoridades porteñas.
Servini, con más de tres décadas de experiencia como jueza electoral, argumentó que no es viable repetir los comicios del 22 de octubre en las mismas circunstancias. Sus escritos fueron enviados a la Cámara Nacional Electoral, el Tribunal Electoral de la ciudad y el Instituto de Gestión Electoral (IGE). Esta situación ha puesto el foco en la esfera política, ya que la convocatoria a elecciones es responsabilidad del Poder Ejecutivo, en este caso, Horacio Rodríguez Larreta.
El jefe de gobierno porteño optó por un sistema de votación concurrente, en el que se utiliza el voto electrónico para los cargos locales (jefe de gobierno, legisladores y comunas) a través de la empresa MSA, y el sistema tradicional de boleta papel para los cargos nacionales. Aunque la justicia no tiene poder sobre el cronograma electoral, se han planteado diversas posibilidades en relación con la decisión de Rodríguez Larreta, como mantener o modificar el uso de la urna electrónica, desdoblar las elecciones o mantener el mismo día con boleta papel.
La atención se centra en la decisión que tome el Ejecutivo de la ciudad, tras el mensaje en el que Rodríguez Larreta insta a reconsiderar la ingeniería electoral y priorizar un sistema que facilite el ejercicio del derecho al voto. Esta semana, se anuló el acuerdo para el uso de la urna electrónica debido al incumplimiento por parte del IGE en la implementación de la boleta electrónica. La jueza resaltó que esta situación dejó a muchas personas sin votar y generó largas filas de espera.
Servini afirmó que mantener el acuerdo no garantizaría la normalidad y seguridad del acto electoral en octubre, poniendo en riesgo el derecho constitucional de votar. La jueza criticó la posibilidad de repetir las mismas condiciones que se experimentaron en las elecciones del 13 de agosto, considerándolo una burla para una sociedad que está cansada de la ineficiencia de sus funcionarios.
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