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Después de la aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado retoma las discusiones sobre las modificaciones a la regulación de alquileres, en medio de enfrentamientos entre los bloques políticos Unión por la Patria y Juntos por el Cambio con respecto a las enmiendas propuestas.
La Cámara Alta se prepara para continuar el debate sobre la reforma de la Ley de Alquileres, que se había interrumpido la semana pasada en la comisión de Legislación General y Presupuesto y Hacienda del Senado. Los desacuerdos entre las dos fuerzas principales están relacionados con las modificaciones que el oficialismo desea realizar al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados.
Están programadas dos reuniones para esta semana, una hoy cerca de las 14 horas y otra mañana a las 11, en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, en las que se espera la participación de asociaciones de inquilinos, propietarios de viviendas y cámaras inmobiliarias.
El proyecto, que busca cambiar aspectos controvertidos de la regulación de alquileres implementada en 2020, como la duración de los contratos y la periodicidad de los ajustes, obtuvo 125 votos a favor y 112 en contra en la Cámara de Diputados.
Hace más de un mes, varias organizaciones empresariales, incluyendo la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI), presentaron una petición respaldando la reducción del plazo mínimo de los contratos de tres a dos años y ajustes más frecuentes en los valores.
El proyecto en cuestión no solo busca acortar la duración de los contratos de alquiler, sino también establecer ajustes en los costos de arrendamiento cada cuatro meses como mínimo, con diferentes métodos de ajuste, incluyendo el Índice de Precios al Consumidor, el índice salarial del Indec o una combinación de ambos, según lo acordado por las partes.
Además, se establece que los propietarios deben atender las reparaciones urgentes en un plazo máximo de 24 horas después de ser notificados por el inquilino, y en un máximo de 10 días para las reparaciones no urgentes. También se contempla la posibilidad de rescindir el contrato antes de su vencimiento, pero no antes de los primeros seis meses de vigencia.
Las diferencias en el Senado podrían complicar aún más las negociaciones entre el oficialismo y la oposición para aprobar las nuevas regulaciones. Juntos por el Cambio ya ha expresado su resistencia a modificar el proyecto tal como fue aprobado en Diputados. Por otro lado, Unión por la Patria busca cambios en ciertos aspectos de la propuesta, como la periodicidad de los ajustes y el índice de actualización.
Cualquiera de los dos bloques mayoritarios necesita el apoyo de 37 senadores para avanzar con sus propuestas, lo que implicará negociaciones con legisladores independientes y de otras fuerzas políticas.
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