El efecto inflacionario del dólar agro

La Secretaría de Comercio debe autorizar a las beneficiarias, establecer un esquema de aumentos y controlarlo. La operatoria resulta difícil en un universo tan atomizado.

Aún restan importantes definiciones en la letra chica del Programa de Incremento Exportador, que se encuentra vigente desde el 10 de abril: cuáles serán las economías regionales con posibilidad de acceder al dólar diferencial y, más importante, cómo funcionará el compromiso para inscribirse en el programa Precios Justos y evitar que ese beneficio se traslade a los bolsillos de los y las argentinas. El desafío es grande porque se trata de productos que conforman la canasta básica y se encuentran atomizados con dificultad de trazabilidad en los precios. 

La Secretaría de Agricultura, Comercio y AFIP se encuentran trabajando en la operatoria. Primero Agricultura debe “pasarle el peine” al anexo que salió acompañando al DNU reglamentando el Programa, para limitar los productos que podrían ser elegibles para acceder a un tipo de cambio mayor. Tal como está ahora y según un informe de la consultora PxQ titulado “Una Devaluación (Permanentemente) Transitoria”,  si se toman todos los productos que figuran en el Anexo del DNU, captaría al 64 por ciento del total de las exportaciones de bienes que se hicieron en 2022 y al 40 por ciento de los productos que componen el IPC. Como referencia, el anexo que la Secretaría de Agricultura aún tiene pendiente para limitar incluye carnes, pescado, lácteos, frutas, verduras, café, té, yerba, cereales, harina, aceite y azúcar.

“No hay muchas dudas de que se vaya a trasladar a precios”, asegura en diálogo con PáginaI12 Ernesto Mattos, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo (Idepi) de la Unpaz. El mecanismo es conocido: si los exportadores pueden vender a un dólar más competitivo en el exterior, relegan al mercado interno en precios o en cantidades. desabasteciéndolo porque priorizan el mercado externo que paga más, o bien aumentando el precio en el mercado interno para equiparar las ganancias. 

“Es una devaluación bastante extensiva, no solo para el complejo sojero como es el dólar soja sino que se amplía a economías regionales, con mayor impacto en el IPC y particularmente en alimentos que es lo que más nos preocupa”, complementa el jefe de research de Ecolatina Santiago Manoukian. Al ser consultado acerca de la posibilidad de que el beneficio no se traslade a precios, es tajante: “El impacto en la cadena va a estar, pero se puede mitigar y una de las maneras es que se cumpla Precios Justos a rajatabla”. 

Este efecto preocupa particularmente en un contexto de aumento desmedido de precios de los alimentos: en febrero el rubro aumentó 9,8 por ciento, dos puntos por encima de la inflación general y, de acuerdo a la dinámica semanal que releva la consultora LCG, el guarismo de 2,5 por ciento en la primera semana de abril es similar a los que arrojaba el indice en julio, tras la partida intempestiva de Martín Guzman del Ministerio de Economía. 

Una vez que se publique la resolución de Agricultura – que calculan será a más tardar el jueves próximo-, Comercio diseña un mecanismo para que las empresas de esos sectores puedan inscribirse de manera virtual. Deberán presentar documentos que demuestren su nivel de facturación en el mercado interno y exportaciones para establecer los acuerdos específicos. Como referencia, los esquemas de aumentos serán más contemplativos para empresas que cuenten con un gran porcentaje de venta en el mercado interno. Si cuentan con pocos productos, podrían pedirles un congelamiento hasta que termine el programa. 

Una vez establecido el esquema, le darán el visto bueno a la AFIP para que habiliten las exportaciones al tipo de cambio preferencial. El control del cumplimiento también estará a cargo de la Secretaría de Comercio, lo que significa un especial desafío teniendo en cuenta las debilidades que mostró el programa para ser efectivo en sus cumplimientos, sobre todo, en los comercios de cercanía donde venden muchos de los proveedores que podrían calificar para acceder al dólar agro.

Los posibles calificantes para el programa son muchos más que las cien empresas que participan hoy en Precios Justos (la primera estimación arrojaba 5000 Cuits) y no solo abastecen a los supermercados, donde Comercio puede controlarlos a través de los EAN – código de barras de los alimentos- que se encuentran sistematizados. “Estamos evaluando pedir información de canales de distribución de cada empresa para poder controlarlos“, aseguran desde la Secretaría, aunque luego aceptan que los modelos de control son “difíciles”. 

“No es efectiva pero es la única manera de poder mitigar el efecto precio”, continua Manoukian que le agrega desafíos extra a Precios Justos, “Hay ciertos acuerdos que se van a ir resquebrajando por la propia dinámica de los aumentos, que son mas acelerados de lo que se esperaban, y porque no hay dólares para darles a las empresas que entraron al programa con esa condición como zanahoria”.