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“Queremos que la reurbanización del barrio se trate desde el punto de vista de los vecinos y de sus instituciones, y que no sea decidida sólo por dos o tres personas”, dijeron a este diario referentes del Barrio Ricciardelli — ex Villa 1-11-14 —, que presentaron en la Legislatura un proyecto propio de reurbanización e integración sociourbana. Frente a los más de veinte años de incumplimiento de la ley que preveía su urbanización, el barrio se organizó para elaborar una propuesta que, además de los aspectos estructurales como el acceso a la vivienda, a la red cloacal o la integración de las vías públicas, incluye la creación de escuelas y dispositivos de contención para víctimas de violencia de género o de atención de personas con consumos problemáticos.
La iniciativa fue presentada por referentes del barrio y de sus instituciones el pasado 29 de mayo, cuando hubiera cumplido 84 años el Padre Rodolfo Ricciardelli, que desde 2019 da nombre a la ex 1-11-14. Lo hicieron, también, a poco de cumplirse 23 años desde que la Legislatura porteña aprobó la Ley 403 que creó el Programa de Planeamiento y Gestión Participativa para que ejecute un Plan Integral de Urbanización del barrio. “El proyecto de reurbanización tiene más de 20 años y nunca se hizo. No se avanzó en nada, todo lo que se hace queda por la mitad: te hacen una luz y te la dejan a medias, empiezan con el agua y por ponerla en un lado sacan de otro, y todo queda cada vez peor“, advierte a Página/12 Gabriela Córdoba, una de las vecinas que impulsa el proyecto.
La mujer conduce desde la pandemia el merendero solidario Tacita de Miel en el Bloque N°7 de los conjuntos edilicios que rodean al barrio. Es que el proyecto de reurbanización presentado por los vecinos y vecinas no se limita sólo a Ricciardelli sino que abarca también a los sectores aledaños como Rivadavia 1 y 2, Illia 1 y 2, y Bonorino 1, 2 y 3. “Nuestra idea es que el proyecto contemple la integración sociourbana del barrio para tener una mejor calidad de vida tanto nosotros como todos los barrios que nos rodean”, dice en este sentido Eugenia Zelaya, referenta de Ricciardelli.
En concreto, el proyecto prevé la creación de un nuevo Plan Integral de Reurbanización (PIRU) diseñado por una Mesa de Gestión Participativa de la que participarían representantes del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), pero también delegados y delegadas de Ricciardelli y sus barrios aledaños, de la Junta Comunal, de organizaciones barriales, sociales, políticas, religiosas, culturales y deportivas, así como de las escuelas y centros de salud. La participación de referentes del barrio en la toma de decisiones es uno de los principales conceptos en que se basa el proyecto, ya que, indica Zelaya, “queremos que la reurbanización del barrio se trate desde el punto de vista de los vecinos y de sus instituciones, y que no sea decidida sólo por dos o tres personas”.
“Necesitamos intervenir como vecinos en el proceso de la urbanización, ya que somos nosotros los que vivimos el día a día y sabemos lo que necesitamos. Queremos crear una mesa que sea de los vecinos, con distintos participantes, pero en la que podamos ser nosotros los que discutamos lo que necesita el barrio“, coincide Córdoba. La iniciativa establece que el PIRU debe incluir una serie de puntos estructurales como construcciones de nuevas viviendas y mejoramiento de las existentes, mejora y consolidación de espacios públicos, apertura e integración de calles con acceso al transporte público, y, en particular, provisión de infraestructura de servicios: redes de agua potable, energía eléctrica, cloacas, alumbrado público y servicios de internet de banda ancha.
“En esta villa viven más de 40 mil habitantes. El 40 por ciento son inquilinos y, por cómo viene el problema del alquiler, cada vez más gente se vuelca a vivir acá. Esto hace que los tendidos eléctricos colapsen o que la red cloacal no dé abasto. Las conexiones de agua, por ejemplo, son muy malas porque fueron pensadas para pequeñas casitas de familias solas y hoy viven diez familias en una misma casa. Tenemos un colapso total en cuanto a servicios“, cuenta Zelaya sobre la situación actual del barrio.
Los últimos datos oficiales con que cuentan los vecinos y vecinas son del año 2018, cuando el IVC realizó un censo en el barrio. Allí se determinó que había más de 40 mil personas y que el 98 por ciento de las viviendas tenían conexiones informales a la red cloacal, que el 94 por ciento usaba garrafas y que el 97 por ciento estaba conectada sin medidor a la red eléctrica, según se detalla en los fundamentos del proyecto presentado. El punto de la electricidad es uno de los más críticos para los vecinos y vecinas, que hace sólo un mes sufrieron el incendio de una vivienda. “Gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna víctima fatal, pero son cosas con las que convivimos todo el tiempo y nadie se hace cargo“, advierte Zelaya.
Córdoba, en tanto, agrega que cada sector a urbanizar tiene necesidades particulares, lo que vuelve aún más relevante la participación vecinal en la toma de decisiones, ya que son ellos quienes conocen lo que ocurre en cada sector. “Ricciardelli, por ejemplo, necesita más cloacas o más alumbrado, y acá en los bloques necesitamos cambiar los tanques de agua o mejorar los techos que están en malas condiciones“, grafica la referenta de Tacita de Miel.
Uno de los puntos comunes, en tanto, es la necesidad de crear nuevos jardines y escuelas que, según asegura Zelaya, “hoy no alcanzan para cubrir la demanda de la zona y, si pensamos en estudios de nivel superior, no hay nada cercano”. Córdoba precisa que “hay una escuela en Rivadavia 1, en Illia 1 y en Ricciardelli. En Rivadavia 1 no hay secundaria y en Rivadavia 2 no hay escuelas directamente”. El proyecto especifica en este sentido que se deberán construir cuatro nuevos jardines maternales, tres escuelas primarias y una escuela secundaria.
Otro punto aborda la problemática de la violencia de género al estipular que el diez por ciento de los nuevos locales creados en el marco del PIRU deberán estar destinados a centros integrales de la mujer. Otro diez por ciento se deberá utilizar para albergar dispositivos de prevención y atención de personas con consumos problemáticos, mientras que el 20 por ciento será para la creación de centros culturales, centros de jubilados o salones para el uso comunitario de los y las vecinas.
El proyecto ya fue ingresado oficialmente a la Legislatura y cuenta con el apoyo del Frente de Todos. La diputada Berenice Iañez, que acompaño la elaboración de la iniciativa, sostuvo que permitiría “dar respuestas reales y estructurales no sólo a los ejes de vivienda, servicios o educación, sino también a la falta de seguridad, un problema que atraviesa a los vecinos y vecinas cotidianamente”. El legislador Matías Barroetaveña consideró, en tanto, que el proyecto “viene a saldar una deuda histórica” para que “todos los habitantes tengan derecho a formar parte de la ciudad formal con infraestructura y servicios”. El diputado advirtió que “la supuesta urbanización de barrios populares de Larreta sólo avanzó con cuatro de más de cincuenta existentes en la ciudad, eligiendo aquellos donde el valor del metro cuadrado es mayor para favorecer proyectos inmobiliarios como el de Costanera Sur”.
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