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    Abuso Sexual: Las medidas del nuevo código penal

    Escrito por jefe | Fecha: 29/01/2021 | Tags: Interés General, Portada

    Después del caso de una joven venezolana de 18 años, que concurría a una entrevista laboral publicada en Facebook en el barrio porteño de Balvanera y que fue drogada y violada por el dueño del negocio que la había contactado para trabajar. La fiscal sostuvo que el imputado premeditó el ataque sexual dado que tenia […]

    Después del caso de una joven venezolana de 18 años, que concurría a una entrevista laboral publicada en Facebook en el barrio porteño de Balvanera y que fue drogada y violada por el dueño del negocio que la había contactado para trabajar. La fiscal sostuvo que el imputado premeditó el ataque sexual dado que tenia conocimiento de la medicación sedante que suministró a la víctima para poder ultrajarla y dejarla en estado de indefensión.

    El imputado, Irineo Garzón Martínez, resultó procesado en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal sin prisión preventiva.

    Se advierten dos cuestiones a analizar jurídicamente según lo descripto. De una parte, el hecho como conducta prohibida por el ordenamiento penal y, de la otra, si las circunstancias que rodean a ese hecho resultan fundamento para la detención.

    Cabe aclarar que lo que jurídicamente se denomina como “delito de abuso sexual con acceso carnal” es lo que configura una “violación”. Este término fue derogado mediante la Ley 25.087 (B.O. 14/05/1999) que efectuó importantes modificaciones a los “delitos contra la integridad sexual”.

    La modificación legal referida, sustituyó los delitos de “abuso deshonesto” y “violación”, por una única categoría de “abuso sexual”, sujeta a diferentes graduaciones de acuerdo con la gravedad del hecho. Así, actualmente encontramos en el art. 119 del Código Penal al abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal.

    El primero de ellos reprime con pena de 6 meses a 4 años al que “abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”. En segundo lugar, en los casos en los que se configure un sometimiento sexual gravemente ultrajante, la pena aumentará de los 4 a los 10 años de prisión. Por último, en la hipótesis del caso que comentamos, se trataría del supuesto de mayor gravedad que contempla la norma, reprimido con pena de 8 a 15 años, que se presenta cuando hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o se realizaran otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.

    Se prevé una pena de ocho (8) a veinte (20) años de reclusión o prisión si:

    a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;

    b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda;

    c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio;

    d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;

    e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones;

    f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho (18) años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.

    El Proyecto de Reforma del nuevo Código Penal (PRCP), elevado por el Poder Ejecutivo de la Nación al Congreso el día 25 de marzo de 2019 y actualmente en tratamiento ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación desde el 4 de junio de 2019, si bien mantiene la escala penal prevista para esta clase de conductas, efectúa modificaciones en otros artículos del PRCP que impactan directamente en esta clase de delitos.

    A) En el momento del dictado de la condena

    El artículo 40 del PRCP establece que, al momento de imponer la pena de prisión, serán evaluadas como circunstancias especialmente agravantes, que harán aplicable el tercio superior de la escala penal si no concurriesen atenuantes:

    “1°) La ejecución del hecho aprovechando la vulnerabilidad de la víctima o produciéndole especial sufrimiento.

    2°) Los motivos abyectos, tales como odio racial, religioso o político, discriminación, violencia de género, o el desprecio por una condición de vulnerabilidad de la víctima, sea por su edad, condición de persona mayor, condición social o por las tareas que desempeña.

    3°) La utilización de medios insidiosos o especialmente dañinos o peligrosos, tales como armas de fuego o explosivos.

    4°) La pluralidad de intervinientes y el alto grado de organización del hecho…”.

    A modo de referencia, en los casos agravados de abuso sexual con acceso carnal, la pena de prisión será de 16 años como mínimo de prisión y 20 años como máximo, a su vez, que podrán ser evaluados a los fines de ponderar un eventual riesgo de fuga-.

    B) Durante el cumplimiento de la condena:

    El artículo 14 del PRCP específicamente restringe la posibilidad de acceder al beneficio de la libertad condicional a los condenados por delitos dolosos cometidos con violencia que hubiesen conllevado para la víctima graves daños a la salud o la muerte. Aclarando que concurre uno de esos casos, si hubiese recaído condena por abuso sexual agravado.

    Esto significa que en oportunidad de encontrarse cumpliendo efectivamente la pena de prisión, el condenado no podrá obtener la libertad hasta tanto haya cumplido la totalidad de la pena que le fuere impuesta. Es decir, la pena de prisión se cumplirá íntegramente.

    C) Luego de cumplida la pena de prisión

    El artículo 10 del PRCP también prevé para esta clase de delitos, la posibilidad que una vez cumplida la pena de prisión el juez ordene un seguimiento “SOCIO JUDICIAL” -siguiendo el modelo del ordenamiento penal de Francia en sus artículo 131-36-1 y ss.-, al que el condenado estará obligado a someterse, consistente en medidas de vigilancia y asistencia destinadas a prevenir la comisión de nuevos delitos, por el período que se deberá establecer en la sentencia y el que no podrá superar de 10 años.

    Las medidas de seguridad que se prevén son:

    1°) La obligación de estar siempre localizable mediante dispositivos electrónicos que permitan su seguimiento permanente.

    2°) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el órgano competente establezca.

    3°) La obligación de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el órgano competente señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo.

    4°) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares.

    5°) La obligación de seguir tratamiento médico o psicológico externo, o de someterse a un control médico periódico.

    6°) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del órgano competente.

    7°) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el órgano competente.

    8°) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el órgano competente.

    9°) La prohibición de acudir a determinados lugares o establecimientos.

    10°) La prohibición de residir en determinados lugares o establecimientos.

    11°) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.

    El seguimiento socio-judicial está previsto sólo para determinados delitos graves, como el abuso sexual agravado, otros ataques graves contra la integridad sexual y los delitos que se cometan en un contexto de violencia de género. A tal fin, el tribunal podrá determinar, según las características del hecho por el cual fuera condenado el imputado, el cumplimiento de una, o más medidas de las repasadas.

    El órgano competente podrá revisar, en todo momento, la idoneidad de la medida de seguimiento socio judicial o el logro de su finalidad. Esta revisión será obligatoria, por primera vez, a más tardar, en un (1) año desde su disposición, y deberá ser reiterada cada seis (6) meses, debiendo ser dejada sin efecto en caso de que existieran indicios serios de que el condenado se encontrase en condiciones de ajustar su conducta a la legalidad.

    Para ello, deberán valorarse los informes emitidos por los profesionales que asistiesen a la persona sometida a las medidas, las evaluaciones del servicio penitenciario acerca de la situación y la evolución del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reiteración delictiva.

    El nuevo Código Procesal Penal Federal -CPPF- (ley 27063, BO: 10/12/2014, modificado por ley 27482, BO: 7/1/2019, t.o., según decreto 118/19), denominado “Código o Sistema Acusatorio” vino a modernizar el proceso penal, alejándose del sistema inquisitivo para adoptar el acusatorio, con intervención de la víctima, recolección de pruebas y petición de medidas cautelares a cargo del fiscal y en lo que interesa, estableció los criterios específicos para habilitar o no la prisión preventiva, esto es:

    Sobre el peligro de fuga, el artículo 221 del CPPF, en lo particular, dice: “Para decidir acerca del peligro de fuga se deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:

    a) arraigo, determinado por el domicilio residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto.

    b) Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de condenación condicional

    c) El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio…”.

    En cuanto al entorpecimiento de la investigación, el artículo 222 del CPPF relata que para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:

    a) Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba

    b) Intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución;

    c) Hostigará o amenazará a la víctima o a testigos;

    d) Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente;

    e) inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren…”.

    Por otra parte, también debe atenderse la situación particular de la víctima, en particular cuando hay violencia de género. Desde ese punto de vista, la libertad de la persona imputada puede sujetarse a obligaciones y restricciones con el fin de preservar la salud y la integridad de la víctima. En este aspecto existen una serie de medidas de protección, como las prohibiciones de acercamiento y de contacto por cualquier medio, incluso a través de terceras personas, que permiten resguardar a la víctima, e incluso garantizar que pueda declarar libremente en la causa.