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La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este lunes la elevación a juicio parcial de la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado, sin investigar en este tramo a las personas señaladas como posibles instigadores, partícipes y financistas, varios de ellos vinculados a Juntos por el Cambio.
Minutos después de la decisión de la magistrada, la Cámara Federal de Casación Penal llevó adelante el sorteo de rigor y resultó elegido el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 para llevar a cabo el debate.
“En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado”, sostuvo la jueza Capuchetti en la resolución de este lunes.
Se trata de la parte central del caso por el que están detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.
Al elevar “parcialmente” a juicio la causa, la magistrada también dispuso extraer testimonios, como había pedido el fiscal, para seguir investigando las pistas que queden pendientes.
“Con todo lo mencionado en relación a la posibilidad de superar la etapa de instrucción en torno a las personas que se encuentran detenidas, mientras que se continúa profundizando, en paralelo, en relación a las líneas de investigación pendientes (o aquellas que pudieran surgir a sugerencia de cualquiera de las partes, o de terceras personas), habré de adoptar el temperamento sugerido por el MPF (ministerio público fiscal) en su dictamen (extracción de testimonios)”, señaló la jueza.
La decisión de la magistrada de elevar “parcialmente” a juicio la causa va en contra de la opinión de la querella de la exmandataria Fernández de Kirchner, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes consideraron que “elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad”.
Días atrás, CFK había criticado el pedido de elevación a juicio realizado por el fiscal Carlos Rivolo, en una carta en la que aseguró que para ella “no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta”.
“Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022”, expresó la vicepresidenta en esa carta, titulada “A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad”.
La decisión de Capuchetti llega horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que demorara su elevación a debate oral.
“Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible”, sostuvo esta mañana el defensor Gastón Marano, en un escrito al que tuvo acceso Télam.
El abogado respondió así a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien pidió opinión a las defensas de los tres detenidos por el intento de asesinato del 1 de septiembre pasado, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo. Las defensas oficiales de los dos primeros ya habían respondido de manera afirmativa la semana pasada.
Al resolver la elevación a juicio de la causa, la jueza señaló que “la oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar”.
“La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones, se impone un rápido avance a la siguiente etapa”, planteó la jueza. “Máxime ello, teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados“, agregó la magistrada.
En otro tramo de su resolución, la jueza expresó que “no resultan novedosas las cuestiones planteadas por la acusación privada a la hora de oponerse a la elevación a juicio: la querella había reclamado que se avanzara con otras líneas investigativas antes de elevar la causa a juicio, como la ‘pista Milman’ (por los dichos del diputado Gerardo Milman en un bar y el testimonio de su exsecretaria Ivana Bohdziewicz) y cualquier otra que pudiera apuntar a una posible autoría intelectual del ataque”.
“Aun sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí, de forma tan enfática, se sostienen“, dijo la jueza.
La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo había pedido la elevación parcial del caso a juicio al considerar que los autores materiales del hecho están detenidos y que siguiera la investigación en pos de dilucidar si hubo autores intelectuales.
La querella de la vicepresidenta, frente a ese pedido, había solicitado más medidas de prueba antes de que el caso sea juzgado en relación a la posible participación del diputado del PRO Gerardo Milman o integrantes de la agrupación Revolución Federal.
En ese marco, había aclarado de manera subsidiaria que si se envía a juicio un tramo de la causa, participará como parte acusadora.
El pasado 29 de mayo, tras el pedido de elevación a juicio, la vicepresidenta publicó una carta en la que describió este paso en la causa como “un nuevo acto de consagración de la impunidad” y remarcó que el dictamen del fiscal omite directamente referirse a líneas de investigación más allá de los tres detenidos como autores materiales.
Al diputado del PRO Gerardo Milman, por ejemplo, se lo menciona al pasar en un listado de material y testimonios recolectados. Ahí, sin embargo –remarcó en su carta CFK– no está incluida la última declaración de su exsecretaria Ivana Bodhziewizcz, quien reveló que la llevaron a borrar el contenido de su celular, en plena investigación, a una oficina de Patricia Bullrich donde la esperaban Milman y un perito.
El texto de la vicepresidenta publicado en su cuenta de Twitter, advirtió la coincidencia de que los celulares de varios testigos terminaron borrados y la falta de referencia al borrado del celular de Sabag Montiel, que apareció reseteado de fábrica horas después del atentado, cuando se debía extraer su contenido, buena parte del cual se perdió.
“Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rivolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”, sostuvo entonces la vicepresidenta.
“Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos”, enfatizó y advirtió que, con esta decisión, el resto de las pruebas “no se investigan nunca más”.
“Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad”, lanzó la vicepresidenta y denunció “un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores”.
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