Ley de Alquileres: por qué el mercado inmobiliario está en contra de que se elimine por decreto

Las empresas de real estate y la oposición coinciden en que el Presidente no puede modificar el Código Civil o sus normas relacionadas sin que antes haya un debate en el Congreso

Desde el ministerio de Economía avanza la decisión de suspender la actual Ley de Alquileres, vigente desde junio de 2020. El tema fue acordado esta semana entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, quien ahora analiza alternativas posibles para eliminar la ley que regula el mercado desde hace casi tres años, a pesar de numerosos intentos de modificaciones a través del Congreso.

La noticia generó desconcierto en los legisladores de la oposición, el mercado inmobiliario e incluso entre los legisladores del oficialismo. “Es una barbaridad pensar que el Ejecutivo puede derogar una ley. No puede y no tiene ningún sentido. Podría hacerlo en una situación de emergencia, como una pandemia, pero no está dada esa situación”, explicó el diputado Martín Tetaz del interbloque de Juntos por el Cambio.

“Ahora el Congreso está funcionando y al mismo tiempo hay un dictamen del oficialismo. Los diputados de ellos (por el Frente de Todos) están convencidos que la ley es buena y que el único problema es que no se cumple y hay que poner mas penas, más sanciones. El dictamen del oficialismo no va en sentido de derogar sino todo lo contrario”, agregó a Infobae.

Con todo, el diputado señaló que no se puede poner mucha expectativa en cambios inmediatos. “Tampoco pensamos que los problemas se van a resolver por derogar la ley. El drama que están viviendo hoy las familias es que de repente aumenta 92% el alquiler en un mes y eso no tiene nada que ver con la Ley de Alquileres; estamos en una economía que tiene 100% de inflación. La ley es mala y hay que derogarla, sin ninguna duda, pero buena parte de las cosas que pasan ahora en términos de aumento no tienen que ver con al ley”, resumió.

“Que el Presidente modifique el Código Civil o sus normas relacionadas por decreto es un absoluto abuso de sus facultades. Es una discusión compleja que se debe dar en el Congreso, y en el que ya hay dictámenes emitidos por las comisiones que deben ser tratados. El oficialismo lo que debe hacer es convocar y dar esa discusión donde corresponde”, señaló el diputado radical Alejandro Cacace.

Por su parte, Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, señaló a través de su cuenta de Twitter que los inquilinos requieren una respuesta urgente. “La inflación de más del 102% anual está matando a los inquilinos. Esperemos que sea cierto que el Gobierno aceptará cambiar la ley de Alquileres, que tiene dictamen hace un año y el oficialismo mantiene pisada”, publicó.

En el momento de su discusión, la Ley de Alquileres tuvo amplio consenso legislativo: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Introdujo al mercado dos cambios clave: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.

Ante la incertidumbre de los propietarios, se registró una menor cantidad de propiedades en alquiler y una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. Desde entonces se presentaron más de 30 proyectos para modificar o derogar la ley. Incluso del propio Gobierno: en noviembre de 2021, Sergio Massa -que entonces presidía la Cámara de Diputados- anunció que impulsaría una modificación de la ley, iniciativa que luego -en marzo de 2022- fue confirmada por Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones en el Congreso. Nada de eso avanzó.

En mayo 2022 se firmaron tres dictámenes sobre cambios en la ley: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño. La propuesta de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos más polémicos.

Desde el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, expresaron su posición frente a la pasividad de una suspensión por decreto de la actual Ley. “Nuestra institución ha sido, desde antes de que la norma se aprobara y aplicara, una de las principales voces en contra de la misma. Como los principales conocedores del mercado que somos los profesionales inmobiliarios sabíamos que sus consecuencias, ahora a la vista de todos, serían adversas tanto para inquilinos como propietarios”, dijeron.

“Celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma se encuentre entre las prioridades de los máximos funcionarios del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades correspondientes. Aunque sin duda sería necesario conocer los detalles del texto que supuestamente se planea desde el Poder Ejecutivo, enfáticamente decimos que hacerlo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia no es la forma”, explicaron a través de un comunicado.

“Suspender por DNU la aplicación de una Ley del Congreso necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad, ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo. Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción”, agregaron.

Desde el Colegio, solicitaron que la iniciativa en contra de la actual Ley de Alquileres no sea un “acto intempestivo” por parte del Poder Ejecutivo, sino una búsqueda de consensos en el Congreso. “La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años. Pero no se puede solucionar una equivocación con otra”, indicaron.