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    La Justicia bonaerense ordenó un aumento para jueces y funcionarios bonaerenses

    Escrito por jefe | Fecha: 29/01/2021 | Tags: Interés General, Portada

    Se dispuso que desde 202 y en cinco años los sueldos de los magistrados bonaerenses deberán alcanzar un 80% de lo que cobran los que ejercen la magistratura en el Poder Judicial de la Nacion. El amparo fue presentado ante el incumplimiento de un acuerdo de recomposición salarial pactado desde el año 2016 cuando el […]

    Se dispuso que desde 202 y en cinco años los sueldos de los magistrados bonaerenses deberán alcanzar un 80% de lo que cobran los que ejercen la magistratura en el Poder Judicial de la Nacion.

    El amparo fue presentado ante el incumplimiento de un acuerdo de recomposición salarial pactado desde el año 2016 cuando el gobierno de la Provincia de Buenos Aires estaba en manos de María Eugenia Vidal. Desde entonces los sueldos del Poder Judicial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires se alejaron de manera tal que hay una enorme diferencia entre ambas jurisdicciones.

    A partir de este fallo el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Axel Kicillof debe disponer el aumento salarial. La fiscalía de Estado de la Provincia, a cargo de Hernán Gómez apelara la decisión del conjuez Juan Manuel Álvarez Echague, un abogado de Lomas de Zamora. 

    El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires mediante un comunicado de prensa señaló que “ha sido notificado de la sentencia de primera instancia que hace lugar a lo planteado por esta institución mediante una acción colectiva que impulsa la equiparación salarial de la justicia bonaerense con las jurisdicciones mejor remuneradas del país. En esa sentencia se ordena al Poder Ejecutivo provincial a que proceda a la recomposición salarial de magistrados y funcionarios, con un tope equivalente al 80 por ciento de la remuneración de magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional, y que complete esa recomposición en 5 años como máximo”.

    En el comunicado en el que se explica el fallo del conjuez Álvarez Echagüe se aclara que: “Se reconoce en el pronunciamiento que las y los magistrados y funcionarios bonaerenses han sufrido un severo y sostenido deterioro de sus salarios en los últimos años, lo que constituye una violación al principio de Intangibilidad de las remuneraciones, que tiene rango Constitucional como parte del sistema republicano de gobierno. La magnitud de la afectación de las remuneraciones es tan importante que Buenos Aires quedó situada entre las provincias con peores salarios judiciales del país, siendo la que recibe la mayor carga de trabajo y tiene los índices más elevados de litigiosidad…”.

    El fallo firmado por Álvarez Echagüe, señala que: “Para efectuar la mencionada recomposición se fija como parámetro razonable de comparación las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, con un tope del ochenta por ciento (80%) de dichos salarios federales, la que será efectuada a lo largo de cinco (5) años como máximo, a partir del ejercicio presupuestario 2022, a razón de un diez por ciento (10%) de recomposición real anual hasta alcanzar el objetivo señalado para cada una de las categorías, y considerando que dicho porcentaje deberá ser ajustado, aumentado o reducido, en el año en el que se concrete la recomposición que ordeno realizar. Es claro que el año en el cual se efectivizará la equiparación no puede ser fijado de antemano por esta judicatura, pues dependerá no solo de la variable vinculada con los ajustes salariales en relación con la inflación, sino de la diferencia salarial existente por cada categoría…”.

    En los últimos años se agrandó la diferencia entre los salarios de los jueces de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación y en promedio la brecha es de un 88%, porque mientras Nación otorgó aumentos sustantivos, en la Provincia de Buenos Aires fueron más bajos. La Corte Suprema bonaerense sostuvo algo similar el año pasado y además abogó por la autarquía presupuestaria del Poder Judicial provincial para manejar sus recursos, algo que está en manos del Poder Ejecutivo.